El camarista Gustavo Hornos (de Cámara nacional) confirmó la condena a tres concejales salteños por cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia pese a su condición de funcionarios, Paola Sandra Cantarella de Pichanal a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional, Jesús Ernesto Cuellar de Urundel a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional y de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga a la pena de un (1) año de prisión de ejecución condicional- por el delito de fraude a la administración pública. OTROS 47EDILES EN SU MOMENTO LLEGARON A ACUERDOS PARA EVITAR IR A JUICIO.
Hornos destacó que el delito fue cometido en medio de la pandemia. “Cobra especial relevancia mencionar nuevamente el contexto en el que las maniobras investigadas fueron ejecutadas. Es que la conducta reprochada a los nombrados se dio en el marco de una situación excepcional, como fue la emergencia sanitaria producto del COVID-19, y las distintas medidas realizadas por el Estado Nacional tuvieron como objetivo intentar paliar la crisis económica que generó a distintos sectores de la población”, sostuvo.
En total, más de 50 concejales fueron investigados por haber supuestamente percibido el subsidio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias: 47 de ellos acordaron con la Justicia para evitar llegar a juicio y debieron devolver entre todos una suma total de 1.559.000 pesos, que fue destinada a 45 entidades de bien público, como comedores y hospitales.