Los pasos del Escuadrón 20 “Orán” crujen sobre la tierra cuando, entre las sombras, aparece una silueta con una caja envuelta en cinta. No hay papeles, no hay explicación: solo el silencio espeso de quien sabe que lleva algo que no debería.
Al abrirla, cinco monitos tres caí (Sapajus nigritus) y dos titíes (Callithrix spp.) se aprietan unos contra otros, ojos enormes, respiración agitada. No hay agua, no hay ventilación; apenas el encierro y el miedo. Son crías, o poco más que eso, arrancadas de su grupo y de su selva para un tráfico que las reduce a mercancía.
Los gendarmes cambian el tono: hay protocolo intervención por infracción a la Ley de Fauna Silvestre 22.421 y normas complementarias, pero también cuidado. Se labran las actuaciones, se da intervención a la autoridad ambiental competente y a la Unidad Fiscal, se documenta el estado de los ejemplares y se coordina su derivación a un centro de rescate para evaluación veterinaria, cuarentena y eventual rehabilitación.
El parte será breve; la escena, no. Duele verlos así, tan pequeños y tan lejos de las ramas donde deberían colgarse. Preocupa, además, lo que no se ve: redes de captura, rutas clandestinas, compradores. Cada mono extraído es un hueco en el monte y un riesgo sanitario. La ley es clara prohíbe la tenencia, el transporte y la comercialización de fauna silvestre sin autorización, y la rigurosidad del procedimiento importa porque protege a los animales y a la salud pública.
La vuelta a la vida silvestre nunca es automática ni sencilla. Cada control en la frontera es también un recordatorio: la fauna no es mercancía, es patrimonio.





