Secuestro de cinco monitos en la frontera de Aguas Blancas

Los pasos del Escuadrón 20 “Orán” crujen sobre la tierra cuando, entre las sombras, aparece una silueta con una caja envuelta en cinta. No hay papeles, no hay explicación: solo el silencio espeso de quien sabe que lleva algo que no debería.
Al abrirla, cinco monitos tres caí (Sapajus nigritus) y dos titíes (Callithrix spp.) se aprietan unos contra otros, ojos enormes, respiración agitada. No hay agua, no hay ventilación; apenas el encierro y el miedo. Son crías, o poco más que eso, arrancadas de su grupo y de su selva para un tráfico que las reduce a mercancía.
Los gendarmes cambian el tono: hay protocolo intervención por infracción a la Ley de Fauna Silvestre 22.421 y normas complementarias, pero también cuidado. Se labran las actuaciones, se da intervención a la autoridad ambiental competente y a la Unidad Fiscal, se documenta el estado de los ejemplares y se coordina su derivación a un centro de rescate para evaluación veterinaria, cuarentena y eventual rehabilitación.
El parte será breve; la escena, no. Duele verlos así, tan pequeños y tan lejos de las ramas donde deberían colgarse. Preocupa, además, lo que no se ve: redes de captura, rutas clandestinas, compradores. Cada mono extraído es un hueco en el monte y un riesgo sanitario. La ley es clara prohíbe la tenencia, el transporte y la comercialización de fauna silvestre sin autorización, y la rigurosidad del procedimiento importa porque protege a los animales y a la salud pública.
La vuelta a la vida silvestre nunca es automática ni sencilla. Cada control en la frontera es también un recordatorio: la fauna no es mercancía, es patrimonio.